Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos, han
procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los
ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA
se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal,
desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.
La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de
numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva,
que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y
entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17
Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de
Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero
semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos
representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de
turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas.
Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que
en cualquier Estado federal. Un estudio hecho por un partido político estima en 40.000 millones de euros
el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por
nuestra parte, creemos que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario
por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo
en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.
En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los
ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios
para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus
duplicidades y su excesivo endeudamiento.
Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de
eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque ello tropieza con dos
obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y
para eliminarla es preciso modificar profundamente dicho texto; otro, porque los partidos mayoritarios y los
nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una
fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En
efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.
Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa ante la
insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o,
incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no
atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de
los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los
españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando decimos autofinanciación de la autonomía, queremos decir que sea
suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma.
Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con
transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café” autonómico será amargo si deja de ser el
chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por
supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual
que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías,
aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los
ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente
las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este
asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:
- Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas
costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.
- Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA y existencia de Autonomías.
- Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se
estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.
- Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado
de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA tras la necesaria reforma de la Constitución.
Red de Blogs Comprometidos es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana “Recortes para Todos”
Cuando advertimos que para producir necesitamos obtener autorización de quienes no producen nada; cuando comprobamos
que el dinero fluye no hacia quienes comercian con bienes sino a quienes trafican con favores; cuando percibimos que
muchos se hacen ricos por el soborno y la influencia política y no por el trabajo y que las leyes no nos protegen contra ellos
sino que, por el contrario, son ellos quienes están protegidos contra nosotros; cuando reparamos en que la corrupción es
recompensada y la honradez es un auto sacrificio, entonces podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestra
sociedad está condenada”.
Estado despilfarrador e insostenible
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procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los
ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA
se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal,
desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.
La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de
numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva,
que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y
entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17
Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de
Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero
semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos
representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de
turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas.
Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que
en cualquier Estado federal. Un estudio hecho por un partido político estima en 40.000 millones de euros
el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por
nuestra parte, creemos que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario
por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo
en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.
En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los
ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios
para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus
duplicidades y su excesivo endeudamiento.
Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de
eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque ello tropieza con dos
obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y
para eliminarla es preciso modificar profundamente dicho texto; otro, porque los partidos mayoritarios y los
nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una
fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En
efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.
Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa ante la
insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o,
incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no
atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de
los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los
españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando decimos autofinanciación de la autonomía, queremos decir que sea
suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma.
Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con
transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café” autonómico será amargo si deja de ser el
chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por
supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual
que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías,
aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los
ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente
las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este
asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:
- Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas
costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.
- Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA y existencia de Autonomías.
- Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se
estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.
- Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado
de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA tras la necesaria reforma de la Constitución.
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Cuando advertimos que para producir necesitamos obtener autorización de quienes no producen nada; cuando comprobamos
que el dinero fluye no hacia quienes comercian con bienes sino a quienes trafican con favores; cuando percibimos que
muchos se hacen ricos por el soborno y la influencia política y no por el trabajo y que las leyes no nos protegen contra ellos
sino que, por el contrario, son ellos quienes están protegidos contra nosotros; cuando reparamos en que la corrupción es
recompensada y la honradez es un auto sacrificio, entonces podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestra
sociedad está condenada”.
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